• Juan Pablo Chiesa

Se Prórroga la doble indemnización del DNU 34/2019 hasta el 10/12/2020

Por Juan Pablo Chiesa


Mucho antes de decretar la Emergencia Sanitaria, en nuestro país ya se había decretado la emergencia pública en materia ocupacional mediante DNU 34/2019, publicada en el Boletín Oficial el día viernes 13 de diciembre de 2019. Esta cuyo plazo de vigencia finaliza el día 10/06/2020, determina que, en caso de despido sin justa causa, (Art. 245 LCT) el trabajador, tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización que le correspond


a, comprendiendo la totalidad de los rubros indemnizatorios originados a partir de la extinción incausada del contrato de trabajo.

No obstante, ello, con la intención de proteger la mayor cantidad de puestos de trabajo en el marco de la pandemia, el Presidente Alberto Fernández, mediante DNU 329/2020, dispuso desde el 31/03 al 31/05, la prohibición de los despidos sin justa causa (Art. 245 LCT) y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor (Art. 247 LCT) por un plazo de 60 días. Asimismo, dicha norma prohibió las suspensiones por falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, reguladas en el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Estos mecanismos, perfectamente legítimos en condiciones normales de ejercicio laboral, resultan incompatibles con el principio de solidaridad y esfuerzo compartido que recubre la totalidad de las medidas implementadas por el gobierno frente a la situación excepcional que nos toca vivir y afecta al mundo entero.

Teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en nuestro país y el incremento en el número de casos confirmados en los últimos días, la decisión del gobierno, más que acertada en nuestra opinión, fue prorrogar esta medida a través del DNU 487/2020, extendiendo su vigencia por 60 días más, contados desde el vencimiento del plazo determinado en el decreto 329/2020, del 31/05 al 31/07.

Ahora bien, ante el inminente acaecimiento del vencimiento del plazo estipulado en el DNU 34/2019, se plantearon discusiones acerca de la conveniencia de prorrogar esta medida, por considerar su existencia contradictoria con la prohibición de despidos y suspensiones.

No obstante, consideramos conveniente la extensión de la vigencia del decreto, como refuerzo para aquellos casos eventualmente no alcanzados por el DNU 329/2020.

En época de coronavirus, debemos recordar el espíritu del Derecho del Trabajo, que se rige por principios que garantizan la indemnidad del trabajador frente a la diferencia de poder que posee en relación a su empleador. Es primordial en esta rama del derecho el principio protectorio, el cual no sólo evidencia el desequilibrio entre las partes del contrato individual sino que demuestra el esfuerzo del legislador por buscar que aquellas diferencias busquen un punto de equilibrio, que neutralice las mismas. Frente a la incertidumbre generada por la llegada y propagación del coronavirus al país, la prohibición de los despidos y las suspensiones se presenta como una alternativa para proteger a los más vulnerables en el binomio empleador-trabajador. Actualmente, si una persona es despedida puede iniciar un proceso judicial destinado a obtener la nulidad de ese despido, el cual constituye un acto inexistente porque esta privado de cualquier efecto jurídico.

Es por ello que se ha tomado la decisión de ampliar la vigencia del decreto 34/2019 por un plazo de 180 días, hasta el 10/12/2020, prolongando la emergencia en materia ocupacional y dando continuidad a la doble indemnización en caso de despido sin causa a la luz del art 245 LCT. Al igual que la norma original, el nuevo decreto no sería aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19.

Es dicho por la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento “Las normas de la OIT y el Covid-19 (Coronavirus)” que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya:

“Que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o trabajadores interesados.”

En los fundamentos del nuevo decreto se esgrime que resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello, solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia.

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