• Juan Pablo Chiesa

Limitación a las suspensiones laborales

Una de las cuestiones más importantes para el Gobierno en el marco de la pandemia, es la conservación de puestos de trabajo.

La última medida tomada tendiente a ese fin es la limitación temporal de la aplicación de los plazos de duración de las suspensiones por falta o disminución de trabajo dispuestas en los términos del art. 223 bis, que podrán extenderse hasta el cese del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.

Mediante DNU 529/2020, el Poder Ejecutivo decidió limitar temporalmente los plazos establecidos en los arts. 220, 221 y 222 LCT.

El art.220 LCT estipula un plazo máximo de 30 días en un año para las suspensiones fundadas en falta o disminución de trabajo, contados a partir de la primera suspensión. El 221 LCT, por su parte determina un plazo máximo de 75 días en el término de un año cuando la suspensión fuera motivada por causal de fuerza mayor.

Por último el art. 222 LCT, dispone que cuando se excedan los plazos fijados en los dos artículos anteriores o en conjunto alcanzaren 90 días en un año, el trabajador se encontrará habilitado para considerarse despedido.

La decisión de limitar la aplicación de estos plazos es lógica, puesto que la evolución de la pandemia en nuestro país, particularmente en la zona del AMBA, que concentra más del 90% de la totalidad de casos, hace imposible vislumbrar certeramente cuándo llegaremos a la ansiada “nueva normalidad”. Esto, en un plano eminentemente laboral se traduce en absoluta incertidumbre respecto de cuándo se volverán a habilitar ciertas actividades económicas no exceptuadas, hasta cuándo permanecerá vigente la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo para personas pertenecientes a algún grupo de riesgo y para aquellos progenitores encargados del cuidado personal de sus hijos que se encuentran bajo licencia excepcional por la suspensión del dictado de clases presenciales.

Lo cierto es que al día de hoy nadie sabe cómo continuará el desenvolvimiento de la pandemia en nuestro país y, con el objetivo central de resguardar la mayor cantidad de empleos, la suspensión de la aplicación de estos plazos resulta más que acertada

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