• Juan Pablo Chiesa

El Principio de Solidaridad que subyace al DNU 34/2019 sobre la doble indemnización


Por Juan Pablo Chiesa

Porqué Alberto Fernández dicta un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en este caso suspendiendo por 180 días los despidos sin invocación de causa por parte del sector privado (no olvidemos que los últimos 2 años se perdieron 200 mil puestos de trabajo).

La inspiración que basa esta norma excepcionalidad, es el Principio de Solidaridad debido a la situación de emergencia económica y social que está atravesando el país. Con este principio se busca consensuar con todos los sectores, desde la UIA, cámaras empresariales, la mesa de enlace del campo y la CGT y los sindicatos, para poder salir de dicha situación de grave emergencia ocupacional.


Evidentemente con este DNU fundado en ese Principio de Solidaridad, hay un objetivo único: frenar el deterioro económico y social que se está padeciendo con miras a lograr un nuevo proceso productivo a favor de la República. Esta decisión, busca cuidar a los sectores más vulnerables y desprotegidos, al mismo tiempo busca evitar que se hagan más grande ese nivel de desprotección de los trabajadores tanto formales como informales.


Si hacemos un paneo general respecto a cómo están sido los índices al 30/11 hay una tasa de desempleo de 10.6% y seguramente cerrará para este mes en 11%; hay un 40% de empleo informal y 6 millones de empleados asalariados en el sector privado, en donde 50% con una precariedad laboral parcial; en materia de inserción laboral, una tremenda y complicada inserción en el mercado del trabajo en mayores de 50 años y lo mismo pasa con los jóvenes que lamentablemente no logran emplearse dentro de la formalidad, sino que acuden a modalidades clandestinas de difícil regulación.


Es por ello que, estamos en un marco de emergencia social y económica para que no se sigan perdiendo empleos y que el DNU es adecuado y correcto en cuanto a su implementación y a su vez, su marco constitucional que no se demorara en los planteos judiciales en materia de inconstitucionalidad.


Por tanto, debemos gravitar esta medida de corto plazo (hasta el 10 de junio de 2020 en el sector privado sin invocar causa) como un acto de justicia social.


Detallo los aspectos técnicos, pragmáticos y prácticos de esta nueva medida en el siguiente cuadro:



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